Año tras año vemos numerosas noticias sobre Incendios Forestales en esta época del año, y hace unos meses particularmente vivimos uno de los más importantes en nuestro país. Por eso consideramos importante poder analizar varias cuestiones referidas a este tema.
Para empezar, es importante recalcar que el fuego no es un enemigo natural de los bosques, ya que algunos ambientes, como nuestros bosques chaqueños, son modelados por este disturbio, favoreciendo la presencia de ciertas especies. Sin embargo, su mal uso puede generar consecuencias nefastas para nuestros ecosistemas, como la deforestación acelerada, la pérdida de biodiversidad, la erosión de suelos, la contaminación ambiental; y una distribución y concentración de la tierra desigual, entre otros.
A nivel mundial, la expansión agrícola es la principal causa de deforestación, y en Argentina, como en la mayoría de los países latinoamericanos, el Estado apoya las actividades extractivistas, ya que consideran que son la principal vía de desarrollo y progreso. El avance de la soja ha causado importantes consecuencias socio-ambientales debido principalmente al desmonte de extensas áreas de bosque nativo. De hecho, entre 1988 y 2002 desaparecieron el 81% de los pequeños y medianos productores en Córdoba.
Entre 2001 y 2014, Argentina perdió el 12% de sus tierras forestales, lo que es equivalente a una cancha de fútbol por minuto, siendo el noveno país a nivel mundial en deforestación (Banco Mundial, 2016). Este rastro se extiende principalmente en el norte del país (93%) en coincidencia con la expansión sojera.
¿Y cómo intervienen los incendios en esta situación? Existen dos formas para desmontar y cambiar de uso a la tierra: La tala ilegal del bosque y los incendios forestales intencionales. De estos últimos son los que queremos hablar.
Argentina se encuentra en un año particularmente seco, con un 20% del territorio nacional en estado de sequía. En Córdoba por ejemplo, los incendios de este año, son los peores en magnitud de los últimos 12 años, y las áreas quemadas son zonas de alta prioridad de conservación. Sin embargo, convenientemente estos incendios permiten que “accidentalmente” las áreas afectadas puedan ser habilitadas para otros usos, como los negocios inmobiliarios y la expansión de la frontera agrícola.
Si bien, las condiciones naturales de los ecosistemas de Córdoba, propician la ocurrencia de incendios en esta época, es irresponsable atribuir estos incendios a causas naturales (por ejemplo, la caída de un rayo). De hecho, según el Ministerio de Seguridad Nacional, del que dependía hasta hace unos días el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, el 95% de los incendios forestales son producidos por actividades antrópicas (https://www.argentina.gob.ar/sinagir/incendio-forestal/causas). Es preocupante el desconocimiento y la inacción de los gobiernos locales al respecto, la carencia de acciones concretas para buscar y penalizar a los verdaderos responsables materiales e intelectuales, y sobre todo, la no exigencia del compromiso de restaurar y recuperar las áreas afectadas.
Adicionalmente, la falta de instrumentación de políticas ambientales y el desfinanciamiento del Plan de Manejo de Fuego, conlleva a que las áreas protegidas no cuenten con el apoyo económico y el personal adecuado para controlar estos eventos. Además, se necesita un sistema de detección temprana que permita dar cuenta de estos incendios antes de convertirse en eventos incontrolables. Ante un incendio forestal, la mejor estrategia es la prevención, ya que una vez que comienza es muy difícil detenerlo.
¿Qué medidas se deben tomar?
Es necesario que el Estado se haga responsable de asegurar y exigir la recuperación de las áreas degradadas por incendios, ya que por ley, los dueños están obligados a restaurar las superficies de bosque nativo afectadas por incendios y su uso, junto a su categoría de conservación que no puede cambiar (Art. 22b bis, Ley 27.353).
Adicionalmente se deben promover acciones para implementar medidas de prevención y alerta temprana de incendios, que involucren a la ciudadanía. Debe haber un proceso participativo para la actualización del mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos de la ley nacional de bosques (26.331), así como del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Es nuestro momento de actuar como ciudadanía, ¡No esperemos a quedarnos sin bosques para cuidar de ellos!